El próximo mes de julio se cumplirán
seis años desde que la Junta de Andalucía aprobara el texto definitivo
del PGOU de Sevilla.
La vigencia del plan era de quince años. Sin
embargo, las circunstancias económicas actuales están cuestionando este
dato. El gobierno municipal ya tramita varias modificaciones puntuales
con el denominador común de atraer inversores. 
La
situación económica de Sevilla ha cambiado de manera importante desde
que se redactó el Plan, por lo que no falta quien se plantea su revisión
integral, algo que descarta de plano el gobierno municipal por cuanto
supondría una paralización de la actividad urbanística en un periodo muy
crítico en lo económico.
Una
cuestión parece clara para la gran mayoría de los observadores: el PGOU
de 2006, tomado al pie de la letra no es un instrumento útil de
planificación para la Sevilla de 2012, está bloqueado.
En
el actual PGOU, que se empezó a gestar en el año 2000, se plantea una
ciudad de 875.000 habitantes como núcleo principal de un área de
influencia de 1,3 millones de personas. Prevé la urbanización de 38
millones de metros cuadrados y permite un incremento de la
edificabilidad en 12 millones de metros cuadrados. La comisión de
seguimiento del Plan constituida en 2008 calculó que su impacto
económico global sería de 35.118 millones de euros, de los que 12.200
millones serían directos. Eran, definitivamente, otros tiempos muy
diferentes a los que nos ha dejado la crisis que ya entonces apuntaba
sus primeros síntomas sin que preocuparan a los políticos de nuestro
entorno.
Aquellas
cifras hacían referencia a un tiempo de bonanza económica que permitía
al Ayuntamiento cobrar por adelantado, mediante convenios urbanísticos,
importantes aportaciones de los propietarios de suelo para la posterior
financiación de servicios generales cuando fuera necesario el desarrollo
de las áreas de expansión urbana previstas en el Plan. Con esta
fórmula, el Ayuntamiento de los años de bonanza recaudó unos 700
millones de euros que podrían considerarse una reserva económica de
garantía para poner a disposición de la iniciativa privada suelo
urbanizado ordenadamente en la futuras zonas de expansión según la
programación del propio plan.
Pero
aquel dinero fue empleado en inversiones, algunas muy polémicas, en la
ciudad consolidada, y la falta de ese dinero supone ahora, en plena
crisis, uno de los motivos por los que el PGOU se ha convertido en una
entelequia: el Ayuntamiento no tiene fondos para hacer carreteras,
viales, saneamiento... Un problema añadido a la falta de pulso de la
iniciativa privada para reactivar la construcción. Sin ese dinero, la
patronal del sector calcula que será imposible sacar adelante 25.000
nuevas viviendas previstas en el plan, con lo que dejan de crearse
62.500 empleos.
A
esto hay que unir que las condiciones que se imponían en el Plan a los
promotores de vivienda resultan ahora mismo desmesuradas a tenor del
hundimiento del sector de la construcción.
Los
desarrollos urbanísticos están paralizados porque se ha propuesto un
volumen excesivo de viviendas que tiene que promover el sector público y
se ha sometido al sector privado a unas cargas tremendas. En una
situación de crisis eso lastra los desarrollos de suelo residencial
sobre todo si se une a que el dinero que aportó la iniciativa privada
para la urbanización de ese suelo se lo gastó el gobierno municipal en
otros asuntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario